Presos salían de la Alcaidía de noche a robar con uniformes policiales
Una suboficial de Santo Tomé está detenida por facilitar las salidas clandestinas de al menos dos internos, que habrían usado armas reglamentarias para asaltar una agencia de cobranzas. La causa apunta a una asociación ilícita de seis a ocho personas.

Una investigación por el robo de casi cinco millones de pesos a una agencia de cobranzas de Santo Tomé derivó en una causa que apunta a una presunta asociación ilícita integrada por presos, colaboradores externos y una suboficial de la Policía de Corrientes. La sospecha central es que los detenidos salían de noche de la Alcaidía local, vestidos como policías y con armas de la fuerza, y volvían antes del amanecer.
El fiscal de Investigación Facundo Cabral confirmó que la organización tendría entre seis y ocho integrantes, aunque algunos todavía no fueron identificados. La principal sospechosa es una suboficial de apellido Morel, que cumplía funciones de custodia en la Alcaidía y fue detenida el jueves 15 de octubre en una serie de procedimientos.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la pesquisa, el mecanismo aprovechaba las deficiencias en los controles internos. Después del cierre de las celdas, alrededor de las 23, la suboficial habría facilitado la salida de al menos dos presos. En ese horario, otros integrantes de la guardia abandonaban sus puestos o descansaban en distintas dependencias.
Cabral señaló que algunos policías reconocieron que se retiraban a dormir a sus domicilios y que otros permanecían en habitaciones del establecimiento. Esa situación habría dejado a Morel sin supervisión.
Los presos habrían salido vestidos como policías y utilizado armamento de la propia institución. El fiscal indicó que existen sospechas de que Morel les proporcionó una escopeta policial y su pistola reglamentaria de 9 milímetros para cometer uno de los asaltos. La entrega de esas armas todavía es materia de investigación.
El robo que originó la causa
La investigación comenzó con un asalto cometido a mediados de septiembre contra una agencia de cobranzas de Santo Tomé. Delincuentes encapuchados y armados interceptaron a un trabajador cuando llegaba a su vivienda, lo amenazaron y consiguieron las llaves del comercio y los códigos de seguridad. Con esa información se apoderaron de una suma cercana a los cinco millones de pesos.
El local estaba a pocos metros de la Comisaría Primera y de la Unidad Regional V. La primera pista decisiva surgió de la declaración de un interno de la Alcaidía, que aseguró ante la Fiscalía que otros detenidos salían a cometer robos con la colaboración de integrantes de la guardia.
Ese testimonio llevó a los investigadores a revisar los libros de guardia, tomar declaraciones a los policías de servicio y analizar las cámaras de seguridad de las inmediaciones. Las imágenes permitieron avanzar sobre la identidad de los sospechosos y establecer una posible vinculación entre los asaltantes y dos presos que, oficialmente, debían permanecer encerrados.
Detenidos y medidas en la fuerza
Uno de los principales sospechosos es un preso oriundo de Alvear, condenado recientemente por un violento asalto en un establecimiento rural de Torrent, que también enfrenta otros procesos judiciales. Los investigadores intentan determinar si su relación con la agente policial excedía la complicidad delictiva. Una de las hipótesis es que mantenían un vínculo sentimental.
Tres allanamientos simultáneos realizados por personal de la Comisaría Segunda de Santo Tomé terminaron con la detención de Morel y de otros dos sospechosos:
- M. Arnaldo, conocido como "Maxi", localizado en una vivienda del barrio Tablada y señalado como presunto participante del asalto.
- Un hombre de apellido Galarza, sospechado de actuar como marcador de objetivos, es decir, de aportar información sobre viviendas y comercios que luego eran elegidos para los robos.
La Fiscalía continúa analizando peritajes telefónicos y otras pruebas para reconstruir el funcionamiento de la organización.
A comienzos de octubre, la Jefatura de Policía dispuso el apartamiento preventivo de cuatro efectivos y el desplazamiento de autoridades de la Unidad Regional V y de dependencias locales. El jefe de la fuerza provincial, Miguel Ángel Leguizamón, confirmó las medidas y aseguró que Asuntos Internos intervino para determinar las responsabilidades administrativas de los agentes involucrados.
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