Condenas de hasta nueve años y medio por sobornos en un juzgado federal de Corrientes

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a ocho personas por una causa de sobornos en un juzgado federal, con penas de hasta nueve años y seis meses de prisión. La audiencia de mensuración se realizó este viernes y alcanzó a exfuncionarios judiciales, abogados e intermediarios.

La condena más alta fue para el exsecretario Pablo Carlos Molina: nueve años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua. El tribunal lo consideró miembro de una asociación ilícita y responsable de cohecho pasivo agravado en cinco oportunidades, además de prevaricato en cuatro hechos.

Las penas, uno por uno

• Pablo Carlos Molina: nueve años y seis meses, inhabilitación perpetua, por asociación ilícita, cohecho pasivo agravado reiterado y prevaricato.
• Federico Alberto Grau: seis años y seis meses e inhabilitación perpetua, por asociación ilícita, cohecho pasivo agravado en tres hechos y prevaricato en tres.
• Duyilio Horacio Barboza Galeano: cuatro años y seis meses, por asociación ilícita y cohecho activo agravado reiterado en tres oportunidades.
• Gregorio Humberto Giménez y Tomás Alfredo Viglione: tres años y seis meses cada uno, por asociación ilícita y cohecho activo agravado.
• Jorge Ricardo Vallejos: tres años y seis meses, por asociación ilícita y cohecho activo agravado.
• Omar Antonio Serial: dos años y seis meses, por cohecho activo agravado como coautor.
• Juan Manuel Faraone, exintendente de Empedrado: dos años en suspenso por cohecho activo agravado.

El rol de Casación y los pasos que siguen

La nueva mensuración se adoptó después de que la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar a un recurso de los fiscales Carlos Schaefer, Diego Iglesias y Martín Uriona, de la Procunar. Los jueces ordenaron incrementar las penas sobre la base de delitos que no habían sido considerados en esos términos durante el juicio oral.

La causa investigó un esquema de cohecho en el que estuvieron involucrados narcotraficantes. El exjuez federal Carlos Soto Dávila no forma parte de esta resolución: atraviesa una instancia de verificación de su situación personal para determinar si está apto para afrontar las nuevas medidas en trámite.

La resolución vuelve ahora a la Cámara de Casación para su verificación y luego se debe dictar una medida para el cumplimiento efectivo. La última instancia recursiva es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La lectura de los fundamentos quedó fijada para el 10 de noviembre de 2026, a las 18.